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Comisión Interinstitucional contra la Violencia hacia las Mujeres
De nuestra consideración:
Diversas expresiones del Movimiento de Mujeres de Nicaragua, se dirige a usted para expresar nuestra preocupación ante la grave situación de femicidio y violencia sexual que viven las mujeres en nuestro país, el observatorio de la Red de Mujeres Contra la Violencia, en este cuatrimestre registra 30 mujeres asesinadas, 5 de ellas habían mediado previo a su muerte. Esto alerta y debe poner en alarma a todas las instituciones del Estado de Nicaragua en tanto la violencia en contra de las mujeres la estamos viviendo en todo momento, y se agudiza aún más en momentos de emergencia en tanto las medidas de prevención de desastre no tienen clara la atención a las mujeres en estas circunstancias.
Las estadísticas tienen nombres de mujeres Nicaragüenses y quedarán escritos en éste y muchos de nuestros documentos de demanda para crear conciencia en nuestros representantes, responsables de llevar adelante leyes y políticas públicas para revertir esta situación de alerta feminista.
Para graficar el mapa de los femicidios en Nicaragua, les recordamos las muertes de:
Hacemos responsables de estos femicidio a la Comisión interinstitucional por la falta de seguimiento de la aplicación de la ley 779, hay elementos suficientes para denunciar públicamente la Violencia Institucional en la que tanto la policía/comisaría de la mujer y fiscalía han incurrido en el delito de violencia contra la mujer durante el ejercicio de la función pública en tanto en la mayoría de los casos dolosamente han retardado y obstaculizado, denegado la debida atención impidiendo que las víctimas accedan al derecho de tener respuesta oportuna en la institución.
Es necesario partir de la consideración que la violencia en contra de las mujeres es un problema urgente, de salud pública y de “seguridad ciudadana”, en consecuencia debe aplicarse y hacerse cumplir la política de Estado de la ley 779; Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de reforma al código penal Ley 641; a todos los niveles, de manera coherente y disponiendo de recursos para responder a este grave situación que exige respuestas de Estado.
El Estado de Nicaragua ha venido tratando la problemática, de modo fragmentada y lenta, y ello contradice el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido la Policía Nacional y la Comisaria de la Mujer manejan a lo interno una circular donde la violencia doméstica es tramitada por la comisaría y la violencia que viven las mujeres en las calles la asume auxilio judicial, contrario a lo establecido en la ley 779.
Si un Estado, a través de sus políticas o agentes, propicia o infringe actos de violencia contra las mujeres, la protección internacional de derechos humanos dispone de instrumentos y mecanismos para exigir sin dilaciones que se ponga freno a tales abusos y sean removidas las decisiones que los alientan, permitan o no los eviten.
Debemos destacar que el ordenamiento legal no ha dado una respuesta integral al problema de la violencia de género, peor aún cuando la misma reforma de la ley 779 es permisiva al considerar la mediación en los casos de violencia, sobre la vida de las mujeres y sus derechos individuales.
Preocupa además, sumado al aumento de casos de violencia, femicidio y violencia sexual en contra las mujeres, que haya sub registros de parte de las Instituciones del Estado implicadas, carencia de registros locales y nacionales vinculados que permitan verdaderas estadísticas de lesiones y femicidios que el flagelo cobra y también debilidades en el registro de las denuncias correspondientes lo que repercute en las acciones y sanciones a aplicar.
Hoy, como tantas otras veces, las mujeres continuamos movilizadas para avanzar en la construcción de ciudadanía y la efectiva adquisición de derechos, hoy manifestamos que continuaremos demandando una efectiva tutela en materia de violación de nuestros límites corporales, la muerte, la situación de inferioridad, en resumen, negación de derechos que configuran las formas actuales de opresión de las mujeres y refutan la idea de una libertad y una igualdad ya ganada.
Interpelamos y responsabilizamos al estado y la Comisión de Lucha Contra la Violencia en calidad de garantes de la aplicación de la Ley, de la agudización de la violencia ocasionada producto de la reforma atroz de la Ley 779, misma que fue promovida desde la Corte Suprema de Justicia y aprobada por la Asamblea Nacional.
EXIGIMOS:
ü Cumplan a cabalidad con la ley y la política contra la violencia hacia la mujer y que se pronuncien públicamente acerca de lo que están haciendo para evitar los femicidios y la violencia hacia la mujer.
ü Que la Comisión Interinstitucional convoque a una reunión de urgencia donde participen las organizaciones del Movimiento de Mujeres para analizar la problemática y den a conocer de las acciones concretas que realizarán de cara a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, previsto en la Ley y la Convención Belén Do Para.
ü Que la comisión de Lucha Contra la Violencia dé a conocer la Política Pública de Estado de la Ley 779 y señale cuál es el monto presupuestario para su implementación en materia de prevención, educación y sanción de la violencia en contra de las mujeres.
ü Divulgación e Implementación de la política de Estado contra la violencia hacia las mujeres.
ü Exigimos den a conocer públicamente cuánto del Presupuesto General de la República es el monto asignado para prevenir y sancionar la violencia en contra de las Mujeres (Como Comisión y por institución del Estado).
ü Demandamos la investigación inmediata de las responsabilidades de aquellos operadores (policía Nacional) que conocieron de denuncias de violencia de las mujeres que resultaron asesinadas (feminicidios) por falta de protección de las víctimas y la tramitación adecuada de las denuncias; determinando las sanciones correspondientes conforme a la Ley.
ü Cumplir con la ley 779 de tal forma que los y las funcionarios/as actúen con celeridad en la ruta de administración de justicia de acuerdo a los principios y normas establecidas en la política. Cada demanda/ acusación debe ser investigada a profundidad y con principios éticos.
ü No estimular le mediación, ni presionar a las mujeres a hacerlo; esta medida responde únicamente a una decisión de las Mujeres
ü Atención adecuada a denuncias previas de malos tratos, violencia verbal, psicológica, etc
ü Más y mejor funcionamiento de servicios de asesoramiento a las mujeres maltratadas, exigiendo al MINSA asumir la atención psico social de las mujeres a como corresponde y orienta la Ley ;
ü Políticas hacia los medios de comunicación para adoptar una postura ética y responsable en materia del abordaje de la problemática de la Violencia hacia las mujeres, indistintamente de donde estén ubicados.
ü Exigimos Campañas de difusión y prevención de la violencia a como lo establece la Ley, lo que conlleva inclusive a hacer ajustes y cambios curriculares en educación.
En el ámbito judicial requerimos diligencia en las investigaciones policiales y judiciales, las que deben estar exentas de estereotipos discriminatorios. Los operadores de la Justicia deben abordar con seriedad las investigaciones sobre hechos de violencia en contra de la mujer; de lo contrario se produce en este proceso una nueva vulneración de sus derechos durante la tramitación de las causas. Las pruebas recolectadas deben ser valoradas con perspectiva de género y exentas de prejuicios y estereotipos machistas.
La debida diligencia en las investigaciones policiales y judiciales, además que las condenas sean impuestas en debido tiempo y forma lo que ayudaría a erradicar el patrón de impunidad que actualmente existe.
Exigimos un accionar coherente con los tratados internacionales de Derechos Humanos por parte de los diferentes poderes del estado los exhortamos a tomar seriamente la violencia que padecemos como mujeres, y asegurar nuestro derecho humano fundamental a una vida libre de violencia. Como movimiento continuaremos propugnando por una Justicia no misógina.
Managua, seis de mayo del año 2014
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