Movimiento Feminista Nicaraguense

25 Recursos de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia interpusieron, a título individual, ciudadanas y activistas integrantes de los diferentes colectivos del Movimiento Feminista de Nicaragua en la semana del 22 al 29 de septiembre del corriente año, en rechazo total al Decreto Presidencial 42-2014 denominado Reglamento a la Ley 779 Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el cual fue publicado en La Gaceta, diario oficial, el 31 de julio de 2014.

Para exponer estos Recursos se retomó lo establecido en la Constitución Política en su arto. 130 que dice “…Ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las Leyes” y lo establecido en el arto. 183 de la misma que indica “Ningún Poder del Estado, organismo o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”.

Los Recursos de Inconstitucionalidad especifican los retrocesos a los que pretende someterse la Ley 779, entre ellos la desnaturalización de la dimensión de la lucha contra la violencia machista para reemplazarla por un ideal de “fortalecer familias”, las cuales en la realidad están destruidas por el flagelo de la violencia contra la mujer, puntualizan en el Recurso.

Otro de los cambios significativos es la limitación del femicidio al ámbito estrictamente privado. A esto se argumenta que es una situación que violenta incluso el derecho de las víctimas de violencia a estar en igualdad en la protección de conformidad a lo dispuesto en la Constitución en el arto. 27 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección…”; cercenándose también lo establecido en el arto. 2 de la Ley 779 que señala que la ley se aplicará en el en el ámbito público como en el privado a quien ejerza violencia contra las mujeres.

Las feministas y activistas han dejado más que claro que de aplicarse este Reglamento, se podrían generar mayores índices de impunidad y de desprotección en perjuicio de las víctimas. Es por ello que con los Recursos entregados a la Corte Suprema de Justicia se exige declarar la inconstitucionalidad del Decreto No 42-2014, por significar un atentado a derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política asimismo, por violar normativas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por el Estado de Nicaragua.