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Página 2 de 2 La laicidad del Estado es vulnerada por la mayoría de los gobiernos de la región. La ingerencia de las jerarquías religiosas en las estructuras institucionales del Estado impide a las mujeres ejercer la autonomía sobre sus cuerpos. En la mayor parte de nuestros países continúan siendo escandalosos los bajos niveles de participación política de las mujeres y su acceso a los espacios de poder. Esta problemática es aun más grave para las mujeres negras e indígenas. Los gobiernos no han implementado los compromisos para el logro de la paridad adquiridos en el marco del Consenso de Quito. A pesar de la creación de mecanismos para la implementación de políticas para las mujeres, la mayoría continúa teniendo estructuras marginalizadas. No se ha logrado transformar el discurso en estrategias, metas concretas y recursos suficientes. Hoy, en la inauguración de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer, las organizaciones feministas participantes del Foro, reiteramos a los gobiernos que: - En el marco de un nuevo modelo de desarrollo los Estados deben fomentar transformaciones socioculturales y productivas que aseguren una relación sustentable con la naturaleza, la preservación de los bienes comunes de la humanidad y la pluralidad de las culturas. En este marco los procesos de integración regional deben profundizar la participación de los movimientos sociales.
- El Estado democrático debe garantizar la justicia social, la igualdad étnico-racial y de género. Dar cumplimiento al plan de acción de Durban para avanzar en la erradicación del racismo institucional
- Debe garantizar la protección de los y las defensoras de derechos humanos permanentemente amenazados, asesinados y perseguidos en particular en México, Centroamérica y Colombia
- Debe asegurar de manera impostergable todos los medios necesarios para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia cometida por las propias instituciones del Estado.
- Debe tener un papel central en la provisión de servicios que libere a las mujeres de la responsabilidad exclusiva del trabajo de cuidado y promueva la corresponsabilidad. Los Estados deben ratificar y asegurar el efectivo cumplimiento de la Convención 156 de la OIT.
- Debe garantizar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado con calidad y pleno respeto de los derechos laborales.
- Debe reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico y equipararlo jurídicamente en la legislación laboral.
- Debe garantizar el derecho de las mujeres a la tierra, a los recursos naturales y el reconocimiento de los territorios indígenas y afrodescendientes.
- Debe garantizar la seguridad y previsión social universal y pública a todas las mujeres, en el marco de un nuevo modelo de redistribución de la riqueza que todas y todos producimos.
- Debe promover una educación pública de calidad para la igualdad, laica, no discriminatoria, no sexista, no lesbofóbica, no racista, intercultural y bilíngue, con el incremento de recursos para asegurar el acceso y permanencia de niñas y adultas en todos los niveles educativas.
- Debe promover políticas democráticas de comunicación que estimulen la producción y difusión de contenidos no discriminatorios o estereotipados, que represente las imagenes de las mujeres en toda su pluralidad.
- Debe garantizar el derecho universal a la salud a traves de sistemas públicos con calidad, integralidad y perspectiva intercultural, reconociendo los saberes de la medicina indígena y afrodescendiente.
- Debe asegurar el cumplimiento del Conseso de Cairo+5 y del Consenso de Quito que reconoce los derechos sexuales y derechos reproductivos, implentando politicas de salud y educacion que garanticen el ejercicio de estos derechos.
- Debe desarrollar una estrategia integral para la prevención del VIH y protección de derechos de las portadoras del VIH-SIDA.
- Exigimos la despenalización y legalización del aborto con acceso a servicios públicos de calidad.
- Debe implementar medidas que reconozcan los derechos sexuales de las mujeres que contribuyan a superar la heteronormatividad que hegemonizan las leyes y políticas públicas, violando los derechos de lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros.
- Convocamos a los Estados aqui representados a impulsar y aprobar una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
- Exigimos de los gobiernos el fortalecimiento de la institucionalidad de las políticas para las mujeres, con presupuestos compatibles con las necesidades y las metas propuestas.
- Demandamos la producción de datos confiables, periódicos, completos, que hagan transparente los procesos de ejecución de las políticas y permitan el monitoreo de los compromisos asumidos.
- Exigimos de los gobiernos mecanismos efectivos de promoción de la participación, acceso a los espacios de poder y decisión de todas las mujeres y en particular las negras, indígenas y jóvenes.
En el marco de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, reafirmamos la importancia del diálogo Estado-movimientos sociales, como dimensión fundamental de la democracia participativa, así como nuestra posición de sujetos colectivos protagónicos en la construcción de una sociedad igualitaria con justicia social. Brasilia, 13 de julio de 2010. Foro de Organizaciones Feministas de America Latina y el Caribe
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